Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
Deteniendo los desalojos forzosos.
Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la región:
Suspender los operativos militares.
Poner fin a la presencia militar extranjera.
- Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Para adherir: Rte. jubileosur@gmail.com
